Tomaron su nombre por similitud con los cabildos eclesiásticos de las iglesias catedrales; el término cabildo proviene del latín “capitulum”, que significa “a la cabeza". El cabildo, ayuntamiento o concejo, era el representante legal de la ciudad, el órgano de la autonomía municipal por medio del cual los vecinos velaban por solucionar los problemas administrativos, económicos y políticos del municipio. Su estructura y composición fue semejante a la de los cabildos de España, pero sus atribuciones variaron y también su importancia política, debido a las condiciones especiales que tuvo la sociedad colonial. En Uruguay, el nombre está asociado en forma directa a las cruzadas libertadoras y representa los primeros intentos de democracia participativa que vivió el país, tornándose verdaderas instituciones de gobierno local.
En el caso de los actuales municipios, el nombre cabildo se utiliza para definir una asamblea abierta que por decreto debe realizar el gobierno municipal. Dentro de la reglamentación de los municipios, específicamente en el artículo 31, expresa que los Gobiernos Municipales elaborarán un Plan de Desarrollo Municipal y un proyecto de Presupuesto Quinquenal, así como los respectivos ajustes anuales, previa realización de un cabildo convocado por el Alcalde o la Alcaldesa. Éste último presidirá el Cabildo Abierto, que será coordinado con los Concejos Vecinales de su municipio, en el que participarán los miembros del Gobierno Municipal, los miembros de los Concejos Vecinales, los representantes de las organizaciones sociales del municipio, vecinos y vecinas. El artículo afirma que: "Dicho cabildo será convocado por lo menos una vez al año a efectos del análisis, seguimiento y propuestas sobre la gestión municipal, así como la toma de decisiones sobre el Presupuesto Participativo que corresponda”.
Los cabildos son, en definitiva, un espacio de participación en donde el Gobierno Municipal presenta su plan de trabajo y rinde cuentas de lo hecho en el último año.
Se fomenta, de esa forma, la participación activa de los ciudadanos y las ciudadanas en la gestión pública y el control de la gestión, como forma de fomentar y profundizar la democracia participativa.