El pasado 24 de marzo, tuvo lugar el webinario internacional “Experiencias de reparación integral ante crímenes de lesa humanidad cometidos con base en la raza o en la ideología racista. Aprendiendo de las experiencias de Sudáfrica y Colombia”. La actividad surgió a impulso de los y las vecinas que fueron desalojadas y desplazadas forzadamente del Conventillo Medio Mundo y Barrio Reus al Sur (Ansina) en tiempos de terrorismo de Estado (1973-1985).
La iniciativa logró convocar a más de 150 personas de 13 países y 3 continentes. Además de Uruguay, Colombia y Sudáfrica, se sumaron participantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Honduras, México, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Francia y Kosovo.
En palabras de la alcaldesa del Municipio B, Silvana Pissano, el encuentro tuvo como objetivo “compartir experiencias para que nos ayude a mirar el horizonte de las reparaciones simbólicas y materiales. Enriquecer nuestras reflexiones en torno a un tema que ha estado invisibilizado. Los desalojos forzados al colectivo afro que sucedieron en este Municipio forman parte de los horrores de nuestra historia y es importante mantener la memoria, que la agenda esté viva, para avanzar en acciones de reparación integral”.
La experiencia uruguaya fue presentada por Olga Celestina, integrante del grupo de vecinos y vecinas del Conventillo Medio Mundo y Barrio Reus al Sur/Ansina. “Los desalojos forzados forman parte de nuestra historia” reafirmó Celestina, quien narró que el 3 de diciembre de 1978 las familias del Conventillo Medio Mundo fueron desplazadas hacia Martínez Reina y luego a Cerro Norte. El desplazamiento forzado de las familias del barrio Ansina fue unos días después - en enero de 1979 - y fueron trasladados a distintos puntos de la ciudad y también a Cerro Norte.
“Hasta el día de hoy, 42 años después seguimos luchando para volver a nuestro barrio. Estamos aprendiendo muchísimo en este espacio de intercambio. Está claro que la lucha nunca se detiene. Hay que insistir. No es fácil, pero tampoco es imposible. Estamos muy orgullosos de seguir en esta lucha”, concluyó Celestina.
Para la moderadora del encuentro, Ana Agostino - vicepresidenta del Instituto Latinoamericano de Ombudsman- Defensorías del Pueblo - las distintas experiencias presentadas evidencian que “la constancia de la memoria es lo que finalmente permite llegar a algunos procesos de reparación. Los daños generados durante el desplazamiento no se agotan ahí, porque tienen que ver con lo comunitario, con la identidad”.
Por su parte, Noelia Maciel, integrante de la Coordinadora Nacional Afrouruguaya, hizo un breve raconto de la trayectoria del Grupo de Trabajo de Grupo de Trabajo para la Memoria y Reparación Integral de la Comunidad Afrouruguaya en tiempos de terrorismo de Estado que funciona desde 2019 en el marco de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
La experiencia sudafricana de los desplazamientos forzados del Distrito 6 en Ciudad del Cabo en tiempos del Apartheid fue presentada por Bonita Bennet. Luego, Esther Ojulari, expuso sobre Colombia y los desplazamientos forzados por el conflicto armado. El encuentro concluyó con un espacio de intercambio y diálogo.
El webinario fue organizado por el Municipio B y el Grupo de Trabajo para la Memoria y Reparación Integral de la Comunidad Afrouruguaya en tiempos de terrorismo de Estado que funciona en el marco de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Dicho GT está conformado por la Universidad de la República, la Coordinadora Nacional Afrouruguaya; Somos 1080 Cuareim; UAFRO - Universitarias/os, Técnicas/os e Investigadoras/es Afro-Uruguayas/os y el Grupo Volver a mi barrio – Familias del Conventillo Medio Mundo. Cuenta, además, con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Ombudsman – Defensorías del Pueblo.
Reviví el Webinario completo en el video que verás abajo.
DISTRITO 6, CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA
Bonita Bennet fue la responsable de presentar el caso las experiencias de los desplazamientos forzados del Distrito 6 en Ciudad del Cabo en tiempos del Apartheid. Ella es educadora, dirigió el Distric Six Museum (Museo Distrito 6) en Ciudad del Cabo y es activista contra el apartheid. Trabaja en procesos de reconocimiento y reparación integral.
“El Apartheid se basaba en una visión de la segregación racial. El gobierno de aquel momento quería que la gente creyera que la separación era la mejor manera de actuar, y que mezclarse era algo de lo que se tenía que tener miedo y que incluso estaba prohibido por la religión”, explicó.
La activista contó que Ciudad del Cabo es una ciudad portuaria con diversidad e intercambio cultural importante. Sin embargo, “se declaró una zona exclusiva para las personas blancas en el año 1966 y las personas negras o indígenas fueron desplazadas forzosamente. Esta fue la primera ley del Apartheid. Permitió la clasificación de las personas dependiendo de su color de piel e ideologías”.
Otra de las leyes importantes durante el Apartheid fue la “Ley de pases” que permitía controlar el pasaje de los ciudadanos por la ciudad. “Trataba de clasificar a las personas en negras y blancas y mantenerlas dentro de ciertas áreas de la ciudad. Las personas afro podían ingresar con un pase que se le daba desde el gobierno o en las comisarías. Si te encontraban sin el pase podías recibir una multa, ir preso o te echaban directamente”, explicó- Con esa ley “hubo gente que fue removida directamente y violentamente desplazadas de otras ciudades de Sudáfrica. Sólo podían vivir en lugares clasificados para ellos por el gobierno”. La activista destaca que se logró detener los desplazamientos forzados gracias a la resistencia dentro del Distrito 6 en Ciudad del Cabo y por presiones internacionales para continuar con las inversiones extranjeras.
Bennet remarcó que en 1994 nació la “nueva Sudáfrica”; los primeros años democráticos llamados “años Mandela”. “A partir de allí una serie de leyes como de restitución de tierras en 1994 y una de promoción de reconciliación del 1995 fueron aprobadas con el fin de devolver las tierras a los desplazados. También se presentaron una especie de compensaciones para aquellos que habían perdido sus casas durante la Apartheid”.
El proceso tuvo críticas y elogios porque para Bennet fue “pensado para una familia ideal”, pero pasó que “en muchos casos no se tenían los títulos de propiedad o fueron los descendientes quienes reclamaron querer volver a su tierra de origen”.
A partir de 1994, comenzó una árdua tarea. No empezaron de cero, sino que tomaron lo hecho por el viejo régimen para construir una mejor administración. Crearon una comisión de reclamos de tierras para estudiar de forma minuciosa cómo había sido loteada la tierra. Se tuvo que consultar a expertos para planear la nueva distribución de la ciudad, ver la manera de diversificar los recursos y mantener el diálogo con la comunidad para que vean todo lo realizado.
“Llevó 23 años para que 160 casas sean restituidas a las familias. Esto creó una gran consciencia en nuestro gobierno” informó la exdirectora del Museo Distrito 6, en donde todo lo realizado se encuentra documentado como trabajo estadístico “para poder mostrarles a las nuevas generaciones lo que sucedió con las generaciones desplazadas”.
COLOMBIA, CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y REPARACIÓN PARA LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE
Esther Ojulari es investigadora especializada en temas de derechos humanos y afrodescendientes. Puso foco en los desplazamientos forzados por el conflicto armado, proceso de reparación integral, avances y desafíos. Mencionó al inicio de su presentación que si bien las cifras oficiales marcan que entre el 8% y el 10% de la población de Colombia es afrodescendiente, éstas no son fiables; se estima que en realidad sea entre un 26% y 28%.
“Tradicionalmente esta población habitaba la costa Pacífica y costa del Caribe, pero por desplazamiento forzado se estima que un 70% viven en las ciudades” dijo Ojulari, quien además afirmó que durante mucho tiempo existió una negación de la existencia de estos procesos de exclusión histórica y racismo.
Su análisis se basa de varios años de investigación junto a la Organización de Proceso y Comunidades Negras y con el Consejo Nacional de Pasaje Colombiano. Los procesos de investigación analizaron muchos de los informes que las organizaciones han presentado, entrevistas y talleres con diferentes organizaciones.
La investigadora señaló que si bien distintas organizaciones han realizado esfuerzos muy importantes para demostrar el desplazamiento en los últimos años y que los registros desde 1985 hasta ahora indican que hay más de 8 millones de personas desplazadas en Colombia, “faltan estadísticas para demostrar la magnitud del impacto del conflicto armado en el desplazamiento forzado de la comunidad y los delitos cometidos en el pueblo afrodescendiente”.
A pesar del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas, el desplazamiento sigue existiendo e incluso durante la pandemia. Ojulari indica que esto “conlleva a que haya otras violaciones de derechos, como amenazas a líderes, reclutamiento forzado de jóvenes y niños y la violencia sexual en gran parte de las mujeres afrodescendientes”.
En palabras de la investigadora “el legado de la esclavización, la falta de reparación histórica por los crímenes cometidos en la época colonial y la continuación del racismo estructural han hecho que los territorios afrodescendientes hoy sean vulnerables al conflicto armado”.
El factor económico es también una de las causas del conflicto armado. “Cuando el pueblo negro no puede prestar un servicio de explotación económica y presenta resistencia, es visto como un obstáculo y la guerra opera para eliminar el pueblo cultural o físicamente”.
Ojulari indicó que los desplazamientos son otras maneras de revictimizar, re-esclavizar y de ejercer una opresión al pueblo negro. “Se realizan para que luego lleguen grandes proyectos de megaestructura, con la complicidad de grupos armados legales, autoridades y actores privados”.
“Muchas veces los crímenes a la comunidad afro quedan impunes porque niegan el dolor y el sufrimiento de las personas. Con el desplazamiento se rompen las prácticas culturales, la identidad de las personas y se ataca el derecho de vida” afirmó.
Para Ojulari los conceptos como desplazamiento forzado “minimizan la dimensión de la situación del pueblo afrodescendiente”, y es por eso que “debemos nombrarlos como etnocidio y limpieza étnica”.
A pesar de tener respaldo por la Justicia Transicional de Colombia con diferentes leyes, para que no quede invisibilizado el impacto generado producto del desplazamiento a causa del conflicto armado, las distintas organizaciones del pueblo negro e indígenas a través del proceso de incidencia y movilización lograron normas complementarias. Se logró el reconocimiento del pueblo como víctima colectiva, factores subyacentes a las violaciones de derechos y reconocimiento y responsabilidad por parte del Estado en omisión y acción, entre otros.
En la actualidad, se está trabajando para generar propuestas que conecten la reparación integral de los crímenes contemporáneos con los de reparación histórica, realizar un enfoque en derechos colectivos, en los territorios, en la autonomía de la tierra y la libre determinación del pueblo. Con esto se lograría reparar el daño causado por el conflicto armado y asegurar que no se vuelva a repetir.
La implementación de la reparación colectiva para el pueblo negro ha sido limitada. “El Estado responde de forma lenta y no cumple con el marco normativo de derechos. Es por eso que las comunidades adoptan procesos propios de justicia, de memoria, de prevención de conflicto armado”, concluyó.
Cobertura La Diaria - 23 de marzo 2021: Segregación barrial: un seminario sobre desplazamientos forzados, como los cometidos en los conventillos Medio Mundo y Ansina, con ejemplos de Colombia y Sudáfrica